Como hemos comentado anteriormente, ALE inició en 2005 una serie de contactos y reuniones con las administraciones públicas. En la última de estas reuniones, en esta ocasión con el Sr. Juan López Martínez, Subdirector General de Ordenación Académica, hemos sido remitidos a las CCAA. Se nos ha argumentado que, en el actual contexto legal, son las CCAA las que tienen las competencias y la capacidad para reconocer de forma expresa el derecho a educar en familia. Sin embargo, pensamos que el reconocimiento de la educación en familia no es tan solo una cuestión de competencias, sino también de voluntad política, además de ser de ámbito estatal.

La sociedad española es una sociedad plural, capaz de acoger nuevas ideas, nuevas culturas e innovaciones, sin renunciar por ello a su idiosincrasia. Por ello creemos que el reconocimiento de la educación en familia abriría el sistema educativo español al significar una aproximación a la realidad más extendida en la Europa comunitaria, donde la norma es la existencia de varios modelos educativos junto a la escuela tradicional. De ello nos beneficiaríamos no sólo las familias españolas que practicamos la educación en familia, sino también la sociedad española, puesto que el reconocimiento del derecho a dar a nuestros hijos una educación individualizada, adaptada a sus necesidades, supone un avance social importante.

Como Asociación, pero sobre todo como madres y padres que ejercemos nuestro derecho a educar en familia de forma responsable, nos comprometemos a colaborar con la Administración y a aportar nuestra experiencia educativa en el proceso de elaboración de un marco legal que reconozca nuestra opción educativa y que, asimismo, sea capaz de recoger el máximo de perspectivas y sensibilidades.

El reconocimiento oficial de la educación en familia ha sido abordado de distintas maneras en la mayoría de los países europeos. Pensamos que la siguiente puede ser una forma válida de reconocer legalmente la educación en familia en el contexto de nuestro país y en concordancia con el marco de derechos y deberes diseñado por la Constitución Española. Se trata de una propuesta basada, a grandes rasgos, en aspectos que esperamos sirvan de base para futuros debates. Se trataría de:

1) El reconocimiento expreso y en la práctica de lo que se conoce internacionalmente como homeschooling, llamado en España “enseñanza doméstica, educación en familia, en el hogar, escolarización en casa o en familia” y que se deje de considerar como absentismo escolar o abandono familiar; así como el reconocimiento de la libertad de enseñanza y de métodos pedagógicos de los padres – métodos que, de esta forma, se adaptarían a las necesidades educativas específicas de los menores cuyo abanico es muy amplio.
2) Exámenes libres para la obtención de los títulos homologados correspondientes al Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato, con las mismas condiciones establecidas para alumnos escolarizados en centros educativos y sin penalización por edad.
3) Mecanismos de ayudas y becas para las familias, habida cuenta del gasto económico que evita nuestra situación y teniendo en cuenta que las familias que educamos en casa participamos activamente en el sostenimiento del sistema educativo español a través de nuestros impuestos.
4) Explicitación en los Protocolos de absentismo de que la educación en el hogar no constituye absentismo y por tanto, en esos casos no es aplicable ese protocolo.

En definitiva, nuestra propuesta es asumir la existencia de varias vías educativas válidas con sus métodos pedagógicos específicos que puedan hacer frente al conjunto de necesidades educativas que demanda una sociedad compleja como la actual.